miércoles, 21 de abril de 2010

Hombre falleció de tumor cerebral tras pasar 45 días en hospital sin ser operado

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas solo tiene dos anestesiólogos para cubrir todas las intervenciones programadas
Sábado 17 de abril de 2010 - 01:56 pm
El lunes estará listo un informe sobre las causas que ocasionaron la muerte de Walter Durán Erazo (54), paciente del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN ), en el Cercado, quien tenía un tumor cerebral y que falleció el jueves tras permanecer internado en esa institución, sin ser operado, durante 45 días.
Según el viceministro de Salud, Melitón Arce Rodríguez, se realizará una auditoría médica que permitirá determinar si es necesario aplicar sanciones y medidas correctivas pertinentes para evitar otros casos similares.
SOLO DOS ANESTESIÓLOGOS Explicó que el INCN cuenta actualmente solo con dos anestesiólogos para cubrir todas las intervenciones programadas, pues otros cinco profesionales renunciaron en los últimos meses.
“No se puede concluir a priori si por la falta de anestesiólogos no se ha podido dar la atención debida”, subrayó Arce.
Martha Tovar, esposa del fallecido, denunció que las autoridades del nosocomio solo le pedían tener paciencia.
SEPA MÁSDiagnóstico médicoWalter Durán ingresó al INCN el 5 de marzo con diagnóstico inicial de tumor maligno.
Traslado de restosEl cadáver será llevado hoy a Satipo. Allí vivía el paciente.
Ed. Imp. Evaluarán 291 casos comprobados de negligencia médica

viernes, 16 de abril de 2010

Defensora del Pueblo pide a ministro de Salud que cumpla con indemnizar a menor contagiado de sida

La víctima fue infectada hace seis años mediante una transfusión sanguínea en el Instituto Especializado Materno Perinatal
Viernes 16 de abril de 2010 - 06:05 pm
Le pide que cumpla. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, exhortó al ministro de Salud, Óscar Ugarte Ubilluz, a que su sector cumpla con el pago de una indemnización al hijo de la señora Carmen Guevara, quien en el 2004 fue infectado con el VIH por transfusión sanguínea. El lamentable hecho ocurrió en el Instituto Especializado Materno Perinatal.
En un oficio Merino le recuerda a Ugarte que el 9 de noviembre del 2009 el Decimosexto Juzgado Especializado de Lima declaró fundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios que interpuso la señora Guevara. Dicho mandato judicial ordenó al establecimiento de salud efectuar el pago de 800 mil soles a la demandante a fin de garantizar las condiciones de salud a favor del niño.
“Sin embargo, no obstante el tiempo transcurrido y a pesar del particular estado de salud del menor, dicho monto aún no ha sido pagado”, precisa el oficio.
El documento también recuerda el caso de otra niña, infectada en 1999 por una transfusión sanguínea en el Instituto Nacional de Salud del Niño, quien falleció hace pocos días sin recibir la indemnización que ordenó un mandato judicial.
Fuentes del Minsa señalaron a elcomercio.pe que la procuradora del Ministerio de Salud está a la espera de la respuesta del juez que ve el caso respecto a la modalidad en que se hará efectivo el pago de la indemnización.
Según comentó la fuente, hay desconfianza sobre cómo la familia gastará ese dinero, por lo que el ministerio quiere tener la garantía de que se invertirá en el tratamiento del menor.

miércoles, 14 de abril de 2010

El INEN habría usado medicamento declarado perjudicial en Hospital Rebagliati

Los médicos reconocieron que el metrotexato causaba reacciones adversas como convulsiones y fiebre en los pacientes
Miércoles 14 de abril de 2010 - 12:49 am
El octubre del año pasado, los padres de una niña de 12 años denunciaron que su hija recibió quimioterapia en el hospital Edgardo Rebagliati para combatir el cáncer que padece, pero fue tratada con un medicamento que le causó secuelas similares a las que padecieron cinco menores de edad que se encuentran delicados de salud en el “Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” (INEN).
La niña fue tratada con metotrexato, un medicamento que le provocó efectos secundarios perjudicando gravemente su salud. Tras los reclamos de los padres y las investigaciones correspondientes, los médicos admitieron que el metotrexato del laboratorio AC Farma causaban reacciones adversas como convulsiones, fiebre y el estiramiento de los músculos y por eso decidieron cambiar al medicamento de otro laboratorio con el cual no han tenido problemas.
Sin embargo, el noticiero “90 Segundos” de Frecuencia Latina informó que a pesar de la advertencia dicho medicamento fue empleado en el tratamiento de los cinco niños que se encuentran graves en el INEN y que es el causante de su actual estado. Algunos de ellos se encuentran en estado vegetal, mientras que otros sobreviven gracias a un respirador artificial.
http://elcomercio.pe/noticia/461187/inen-habria-usado-medicamento-declarado-perjudicial-hospital-rebagliatti

martes, 13 de abril de 2010

INDECOPI multa a Clínica San Borja por mala práctica que dejó a paciente en estado vegetativo

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionó a la Clínica San Borja por no tomar las previsiones necesarias antes y durante la operación a un paciente, quien quedó en estado de coma vegetativo.
El afectado, un hombre de edad avanzada con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial, ingresó a la clínica luego de sufrir una caída en su casa y fracturarse la cadera.

La denuncia fue presentada por los hijos del agraviado, quienes presentaron una serie de pruebas y argumentos para demostrar la mala práctica del establecimiento de salud. Éstas fueron corroboradas mediante un peritaje médico contratado especialmente para este caso.

A través de dicho peritaje se determinó que la clínica no realizó un estudio de riesgo anestesiológico previo al paciente. Asimismo, adelantó de manera injustificada la operación, sin respetar la recomendación de los especialistas en endocrinología y anestesiología, que consistía en postergar la cirugía entre 48 y 72 horas, para tratar la infección urinaria del paciente.

De otro lado, se determinó que dicha institución médica no realizó un adecuado monitoreo durante la intervención, ni administró al paciente la dosis correcta de anestesia. Finalmente, se demostró que el deterioro en el estado de salud del paciente había sido causado por el servicio no idóneo prestado por la clínica.

Por ello, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2, última instancia administrativa del INDECOPI, resolvió confirmar la multa impuesta por la Comisión de Protección al Consumidor a la Clínica San Borja, de 60 Unidades Impositivas Tributarias.

Como medida correctiva, le ordenó devolver a los denunciantes los pagos relacionados con la intervención quirúrgica y que asuma los costos médicos de la recuperación de su familiar, hasta su total recuperación.

Cabe señalar que, aún cuando el Poder Judicial ha admitido la impugnación que presentó la clínica a la resolución del INDECOPI, ésta se encuentra obligada a cumplir con el mandato del INDECOPI, en salvaguarda del derecho del consumidor afectado.

Lima, 07 de abril de 2010.

Padres denuncian que supuesta negligencia en el INEN perjudicó a cinco niños

Los menores se mantienen con vida gracias a respiradores artificiales. La institución desmintió las acusaciones e inició una investigación
Martes 13 de abril de 2010 - 12:35 am
Cinco menores de edad que recibieron quimioterapia el pasado 24 de marzo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se encuentran en estado de gravedad, postrados en camas conectados a respiradores artificiales que les permiten seguir con vida.
Tres padres de familia de los niños afectados denunciaron que luego de recibir el tratamiento, sus hijos presentaron mareos, fiebres altas, así como el adormecimiento de sus brazos y piernas. Hoy se encuentran en coma profundo y su futuro es incierto.
Raúl Ruiz, padre de Michel (6) aseguró que su niño ingresó por su propios medios al instituto, pero hoy se encuentra en estado vegetal. Antero Silva, padre de Any Mabel, contó por su parte que su niña se encuentra postrada en la Unidad de Cuidades Intensivos de la institución.
Según los denunciantes, la medicina utilizada durante la sesión de quimioterapia contenía un componente distinto al utilizado en las dosis anteriores, lo cual supone negligencia médica. Sin embargo, el INEN rechazó dicha versión pero anunció una investigación al respecto.
“Estamos pidiendo al Digemid un informe sobre el estado de estos lotes de medicina en particular y paralelamente el INEN está haciendo sus investigaciones por otros laboratorios para que investiguen los medicamentos que hemos administrado”, informó el doctor Raúl Cordero García, subjefe institucional del INEN.
http://elcomercio.pe/noticia/460532/padres-denuncian-que-supuesta-negligencia-inen-perjudico-cinco-ninos

viernes, 2 de abril de 2010

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL - VALORACIÓN EQUITATIVA

CAS. N° 3267-99 - LIMA
Lima, cuatro de octubre de dos mil.
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; en la causa vista en Audiencia Pública en la fecha, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Seguro Social –ESSALUD– contra la sentencia de vista de fojas quinientos noventinueve, su fecha trece de setiembre de mil novecientos noventinueve, expedida por la Sala Civil Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento, que confirmando en una parte y revocando en otra la sentencia apelada de fojas quinientos treinticinco, su fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventinueve, que declara fundada en parte la demanda de fojas diecisiete, fijando como monto indemnizatorio la suma de diez mil doscientos nuevos soles que deberá abonar el Instituto Peruano de Seguridad Social a favor del accionante Francisco Llontop Holguín, más los intereses legales desde la comisión del hecho dañoso, e infundada en el extremo de la demanda en cuanto se dirige a los codemandados José Manuel Fernández Fernández y la Oficina de Normalización Previsional; con lo demás que contiene. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha veintocho de enero del año dos mil, ha estimado procedente el recurso de casación por la causal contenida en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil; referente a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al haberse denunciado los siguientes cargos: a) la Sala Superior en su sentencia de vista atenta contra el principio de congruencia al resolver en forma contradictoria la excepción de prescripción extintiva interpuesta y la sentencia impugnada, así en la primera resolución se afirmó que existía responsabilidad contractual, mientras que en la segunda se estableció que había una responsabilidad extracontractual; y b) el Colegiado ha presupuesto la existencia de un daño moral, afirmando que para ello no era necesario acreditar que éste existía; por tanto, la indemnización que se ordena a pagar fue fijada sobre la base de una suposición de la existencia del daño. CONSIDERANDO: Primero.- Que, en lo que respecta al primer agravio, cabe precisar que la demanda de fojas diecisiete se sustenta en los daños y perjuicios que se le ha causado al actor a raíz de habérsele privado de su derecho a pensión de jubilación mediante la expedición de resoluciones administrativas a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social; por esos hechos el demandante interpuso acción de amparo a fin de que cesara la violación de sus derechos constitucionales; dicha pretensión fue amparada en todas las instancias, llegando incluso hasta la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante Ejecutoria Suprema de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventiséis resolvió no haber nulidad en la sentencia de vista que confirmando la apelada declaró fundada la acción de amparo, manifestando inaplicables para el actor las resoluciones administrativas que le causaban daño. Segundo.- Que, conforme se advierte de la demanda de indemnización por daños y perjuicios, ésta se sustenta en la afectación de un derecho constitucional cuya violación ha cesado al haberse declarado fundada la acción de amparo; siendo así, tal como lo dispone el artículo once de la ley número veintitrés mil quinientos seis, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, la determinación del responsable de la violación del derecho constitucional solamente puede ser realizada al concluir el proceso de hábeas corpus y amparo, por lo que se colige que el término inicial para demandar la indemnización por el daño causado se computa a partir de la conclusión del proceso constitucional. Tercero.- Que, de esa forma el Juez de la causa en su resolución de fojas trescientos dieciocho, de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventiocho, ha resuelto la excepción de prescripción extintiva, señalando que el cómputo del plazo de prescripción es desde que hubo resolución judicial firme que amparó en definitiva el derecho a pensión de jubilación; la resolución que resolvió la excepción fue confirmada por sus fundamentos por la Sala Superior en su resolución copiada a fojas cuatrocientos setentitrés, su fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventiocho. Cuarto.- Que, en consecuencia, en ambas resoluciones ha existido un mismo criterio respecto al término especial para el cómputo del plazo de prescripción, siendo irrelevante si la indemnización se deriva de una responsabilidad contractual o extracontractual, pues en ambos casos no se ha cumplido el plazo de prescripción [1]. Quinto.- Que, a mayor abundamiento, el agravio referente a la contradicción en los considerandos de las resoluciones judiciales no constituye en estricto afectación al principio de congruencia, pues el citado principio se refiere a otras situaciones en las que no existe identidad entre lo que se peticiona en la demanda y lo que resuelve el Juez en la sentencia, como son los casos de los fallos ultra, infra o extra petita. Sexto.- Que, en cuanto al cargo relativo a la prueba del daño moral, para efectos del tema probatorio es necesario determinar previamente la naturaleza de este tipo de daño; al respecto, conforme lo señala el doctor Carlos Fernández Sessarego en su obra "Nuevas Tendencias del Derecho de las Personas", primera edición, páginas trescientos siete y trescientos ocho, la doctrina define al daño moral con aquel sufrimiento, dolor, pena, angustia que sufre una persona; dicho daño no tiene naturaleza patrimonial, es decir, no es cuantificable económicamente, por lo tanto el dinero no está destinado a eliminar el dolor o sufrimiento, el dinero es sólo instrumental, representa un medio que permite a la víctima disipar, si es posible y en alguna medida, su dolor mediante entretenimientos o diversiones adecuados a cada personalidad. Sétimo.- Que en tal sentido, siendo el daño moral uno de carácter no patrimonial resulta imposible cuantificarlo económicamente, por lo tanto solamente le corresponderá al Juez, con valoración equitativa, fijar el monto que ayudará a disipar el dolor. Octavo.- Que, en el caso submateria el Colegiado Superior en su sentencia de vista ha conceptuado al daño moral como un daño no patrimonial, distinguiéndolo de los otros daños de naturaleza patrimonial referidos a la cancelación de las pensiones devengadas; siendo así, la Sala Superior ha fijado el monto del daño moral de acuerdo a su valoración equitativa, por ende no ha existido afectación al derecho a un debido proceso [2]. Noveno.- Que, en consecuencia, no habiéndose configurado la causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, el recurso de casación deviene en infundado. Décimo.- Que, finalmente, debe exonerársele a la recurrente al pago de las costas y costos del recurso, al estar exenta de pago de los gastos del proceso en virtud a lo previsto en el Decreto de Urgencia número veinticinco guión noventiocho [3]. SENTENCIA: Por las razones expuestas, de conformidad con el dictamen fiscal, y en virtud a lo dispuesto en el artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil [4]: declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud –ESSALUD– contra la sentencia de vista de fojas quinientos noventinueve, su fecha trece de setiembre de mil novecientos noventinueve; CONDENARON a la recurrente solamente al pago de la multa de dos unidades de referencia procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por don Francisco Llontop Holguín contra el Instituto Peruano de Seguridad Social, la Oficina de Normalización Previsional y José Manuel Fernández; sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron.
SS. PANTOJA; IBERICO; OVIEDO de A.; CELIS; ALVA

EL DAÑO MORAL Y EL DAÑO AL PROYECTO DE VIDA ¿En qué se diferencian?

CAS. Nº 1529-2007-LIMA
Lima, veintiséis de junio del dos mil siete. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, vista la causa numero mil quinientos veintinueve - dos mil siete, con los acompañados; en audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas ochocientos veinte, su fecha veintiocho de diciembre del dos mil seis, expedida por la Sala Permanente de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la sentencia de primera instancia, que declara fundada la demanda incoada por don Sandro Mariátegui Chiappe contra doña Regina de Zela Hurtado de Mariátegui, sobre divorcio por causal. 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante la resolución de fojas cuarenta y uno del cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, su fecha cuatro de mayo último, se ha declarado procedente el recurso de casación propuesto por el demandante, don Sandro Mariátegui Chiappe, por la causal de contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso. Asimismo, mediante la resolución de fojas treinta y nueve, su fecha cuatro de mayo del año en curso, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por doña Regina Matilde de Zeta Hurtado de Mariátegui, por las causales de interpretación errónea de normas de derecho material y contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- Habiéndose declarado procedente la denuncia casatoria por las citadas causales, de primera intención, debe examinarse la causal in procedendo antes enunciada, pues, de declararse fundado el recurso por esta motivación resultaría innecesario examinar las otras causales invocadas. Segundo.- Como se ha anotado precedentemente, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso, en base a la alegación hecha por el impugnante, don Sandro Mariátegui Chiappe, de que al emitirse la resolución de vista se han infringido los artículos VII del Título Preliminar y 50, inciso 6, del Código Procesal Civil[1], pues –sostiene– que se ha incorporado como pretensión indemnizatoria la suma de diez mil dólares americanos, que se ordena abonar al recurrente a favor de la demandada, siendo que dicha pretensión indemnizatoria no fue invocada por la demandada en la etapa postulatoria del proceso, siendo aplicable el principio de preclusión procesal. Agrega, que dicha pretensión no fue propuesta por la emplazada al contestar la demanda, ni en vía de reconvención, ni tampoco fue incorporada por el a quo como punto controvertido de la litis, razón por la cual –refiere– que no habiéndose verificado ninguno de dichos supuestos se ha afectado el ejercicio de su derecho a la defensa. De otro lado, la recurrente doña Regina de Zela Hurtado de Mariátegui, al sustentar el recurso impugnatorio de su propósito por la citada causal, refiere, que al emitirse la resolución de vista se ha infringido lo dispuesto en los artículos 345-A del Código Civil[2] y 121 del Código Procesal Civil[3], pues –sostiene– que para invocar el divorcio por la causal prevista en el inciso 1, del artículo 333, del Código Civil[4], el demandante debe encontrarse al día en el pago de sus obligaciones alimentarias, siendo que en el caso de autos tal vicio de carácter insubsanable debió ser observado conforme a la norma procesal antes mencionada. Agrega, que para invocar la referida causal de divorcio, el accionante debe estar al día de forma voluntaria en el pago de sus obligaciones alimentarias, siendo que su parte se vio en la necesidad de interponer una demanda judicial de alimentos para lograr que el demandado cumpla con sus obligaciones alimentarias para con su persona y en autos existen elementos de juicio, consistentes en los actuados judiciales del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, que revelan que el demandante estaba siendo requerido para el pago de las pensiones alimenticias devengadas a su favor. Agrega, que al no haberse compulsado tal situación fáctica se ha infringido, asimismo, los principios de congruencia procesal y motivación de las resoluciones judiciales, previstas en el artículo 139, inciso 54, de la Constitución Política del Estado. Tercero.- Examinado el error in procedendo denunciado es del caso señalar que en materia casatoria si es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido o no las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Es que el derecho a un debido proceso supone la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso no solo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Cuarto.- Examinado el presente proceso para determinar si se ha infringido o no el debido proceso en los términos denunciados, es del caso efectuar las precisiones siguientes: 1) El demandante, don Sandro Mariátegui Chiappe, postula la presente demanda a fin de que se declare el divorcio absoluto de su cónyuge doña Regina de Zela Hurtado de Mariátegui, alegando, encontrarse separado de su citada cónyuge por un periodo mayor al requerido por la ley. Agrega que en mayo del dos mil fue notificado con una demanda de alimentos interpuesto por la hoy demandada, en la misma que se le atribuye haber abandonado el hogar conyugal y desatenderse de sus obligaciones para con su referida cónyuge. Agrega, que antes de que se le interpusiera dicha acción ya había dejado de convivir en el domicilio conyugal, hecho este que –según refiere– ha sido reconocido por la emplazada. 2) La demandada, doña Regina de Zela Hurtado de Mariátegui al absolver el traslado de la demanda, expresa que el demandante no ha acreditado estar al día en el pago de las pensiones alimenticias a su favor y que quien invoca la separación de hecho como causal de divorcio, debe acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria en forma voluntaria y no obligado por mandato judicial, siendo que su parte se ha visto compelida en varias oportunidades a requerirle el pago de los alimentos. 3) En la audiencia de conciliación se fijaron como puntos de la controversia, el determinar el apartamiento ininterrumpido de uno de los cónyuges por más de dos años, así como la inexistencia de la intención de los cónyuges de reanudar la convivencia y determinar el cumplimiento de la obligación alimentaria por parte del demandante. 4) La sentencia de primera instancia concluyó en amparar la presente demanda, precisándose, entre otras razones, que está probada la separación de hecho por más tiempo legal exigido al caso, evidenciándose el quebrantamiento permanente y definitivo sin solución de continuidad de la convivencia. Asimismo, en el décimo tercer considerando de la mencionada resolución se señala que "del análisis de autos se infiere que no obra medios probatorios que sustenten que la separación de hecho haya causado daño moral y personal a las partes". Siendo que por esta razón no se fija indemnización a favor del posible cónyuge perjudicado. 5) La demandada al apelar la referida sentencia, solicita que la misma se revoque por improcedente, esgrimiendo como agravios, que la presente demanda no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos por la ley, consistente en el pago de las obligaciones alimentarias, pues, señala, que tratándose de la causal de separación de hecho, quien la invoca debe estar al día de forma voluntaria en el pago de sus obligaciones alimentarias. Agregando, como segundo agravio, no encontrarse conforme con lo expresado en el décimo tercer considerando de la recurrida, pues –sostiene– que "el matrimonio se rompió única y exclusivamente en mérito a una relación adúltera sostenida por el demandante y fue precisamente esta situación la que trajo como consecuencia el abandono del hogar conyugal, al haber procreado hijos fuera del matrimonio con otra mujer". 6) La resolución de vista emitida en autos, ha confirmado la resolución apelada en el extremo relativo al divorcio por la causal de separación de hecho invocada en la demanda y ha revocado la misma resolución en el extremo relativo a la indemnización y reformándola, declara fundada la pretensión indemnizatoria, y en consecuencia fija la suma de diez mil dólares o su equivalente en moneda nacional a favor de la parte demandada. Agregando, que la pretensión indemnizatoria ha sido efectuada dentro del escrito de alegatos obrante a fojas seiscientos trece y que este acto no ha sido impugnado por el demandante. Quinto.- En cuanto a la indemnización por daño fijada en autos y que es el tema del presente medio impugnatorio, es menester traer a colación lo expresado por el jurista Carlos Fernández Sessarego en el ensayo "Hacia una sistematización del daño a la persona" (Publicado en Cuadernos de Derecho número tres, Órgano del Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, setiembre de mil novecientos noventa y tres; en "Ponencia I Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial", Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mil novecientos noventa y cuatro y en "Gaceta Jurídica", Tomo setenta y nueve-B, Lima, junio del dos mil), al indicar que el daño a la persona y el daño moral son expresiones que corresponden a un mismo concepto o cuando se le confunde con el daño al proyecto de vida; sosteniendo, dicho autor que, el daño moral es uno de los múltiples daños sicosomáticos que pueden lesionar a la persona por lo que se le debe considerar como un daño que afecta la esfera sentimental del sujeto, resultando así una modalidad síquica del genérico daño a la persona. En tanto que el daño al proyecto de vida, incide sobre la libertad del sujeto a realizarse según su propia libre decisión, siendo un daño radical, continuado, que acompaña al sujeto durante toda su vida en la medida que compromete, para siempre, su "manera de ser". El llamado daño moral, no compromete la libertad del sujeto, pues, como se ha anotado es un daño sicosomático que afecta la esfera sentimental del sujeto en cuanto su expresión es el dolor, el sufrimiento, siendo un daño que no se proyecta al futuro, pues no está vigente durante la vida de la persona, tendiendo a disiparse, generalmente, con el transcurso del tiempo[5]. Sexto.- De lo expuesto, se llega a la convicción de que primeramente, la Sala Superior no ha analizado jurídicamente la oportunidad en que se propone la indemnización señalada en autos, pues el fallo contiene un pronunciamiento ambiguo, si se tiene en cuenta que en el considerando sexto de la recurrida la mencionada Sala Superior precisa que la emplazada debe solicitar la indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil en la etapa postulatoria, ofreciendo los medios probatorios del daño alegado; sin embargo, en el considerando octavo de la misma resolución, precisa que tal indemnización ha sido formulada en el escrito de alegatos de fojas seiscientos trece sin que el demandante haya impugnado tal hecho. Asimismo, tampoco se ha analizado los elementos configurativos de la indemnización por daño, conforme a los términos antes descritos, ni cual ha sido el criterio de la referida Sala Superior para fijar el quántum indemnizatorio por el daño, siendo menester que se precise adecuadamente en qué caso procede la indemnización a que se refiere el acotado numeral. Sétimo.- En tal virtud, se llega a la determinación que la resolución impugnada infringe el debido proceso en los términos expresados, por lo que el presente recurso impugnatorio debe declararse fundado y ordenarse que se emita una nueva decisión, teniéndose en cuenta las consideraciones expresadas precedentemente; careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto de la otra causal denunciada en casación. 4. DECISIÓN: Por tales consideraciones y estando a la facultad conferida por el numeral 2.1 del inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Civil; declararon: a) FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por don Sandro Mariátegui Chiappe a fojas ochocientos treinta y cuatro y doña Regina Matilde de Zela Hurtado a fojas ochocientos cincuenta y siete, por la causal de contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas ochocientos veinte, su fecha veintiocho de diciembre del dos mil seis, emitida por la Sala Permanente de Familia, de la Corte Superior de Lima. b) ORDENARON que la Sala Permanente de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima emita una nueva decisión, teniendo en cuenta las consideraciones expresadas precedentemente; en los seguidos por Sandro Mariátegui Chiappe con doña Regina Matilde De Zela Hurtado, sobre divorcio por la causal de separación de hecho. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano bajo responsabilidad; intervino como vocal ponente el Señor Carrión Lugo; y los devolvieron.
SS. VÁSQUEZ VEJARANO, CARRIÓN LUGO, CAROAJULCA BUSTAMANTE, MANSILLA NOVELLA, MIRANDA CANALES