El Ministerio de salud acaba de presentar un estudio mostrando que, aunque les han exonerado de impuestos durante ocho años, las medicinas para el Cáncer en vez de bajar de precio han subido. El mismo Ministerio de salud realizó un estudio similar en el 2005, llegando a similares conclusiones. Otro estudio llevado a cabo por AIS-RedGE hace pocos meses, mostró que con el TLC con Estados Unidos los laboratorios farmacéuticos habían dejado de pagar impuestos pero no habían reducido sus precios.
En un mercado competitivo, la rebaja de impuestos debe trasladarse al precio final. Lo que sucede en este caso es que la competencia en el mercado de medicinas es muy limitada. La razón fundamental para ello es que la decisión de comprar uno u otro producto no corresponde principalmente a los consumidores. La principal decisión no la toma el que compra, la toma su doctor, que no es el que paga.
Además,los consumidores no podemos conocer fácilmente la calidad de una medicina; saber ello requiere pruebas de laboratorio repetidas a cientos de productos. Incluso luego de haber tomado una medicina, si no nos curamos, eso puede deberse a muchos otros factores.
Finalmente están las patentes, que establecen monopolios legales por plazos de 20 años o más, y que hacen que incluso después de ese plazo, las medicinas de marca original tengan un posicionamiento muy ventajoso en el mercado.
Las grandes fallas del mercado de medicinas justifican la intervención del Estado. La calidad de todas las medicinas debiera estar garantizada por pruebas efectuadas periódicamente y con la eficacia técnica necesaria. Como los consumidores tenemos muchas dificultades para decidir, la regulación estatal debe favorecer la competencia, por ejemplo, mediante el uso de la denominación común internacional o nombre genérico que es por ley obligatorio en toda receta médica, y que permite a los consumidores elegir entre medicinas químicamente equivalentes. Pero hay varios otros aspectos en los cuales el mercado debe estar regulado en defensa de los consumidores.
Hace un par de años, afectado por una infección a la garganta, compré tres pastillas de azitromicina por 5 soles. Menos de una semana después, la misma cadena de boticas me quiso vender el mismo químico, pero de marca, por 45 soles. Así, los consumidores poco alertas terminan pagando precios abusivos o simplemente dejando de comprar productos que necesitan para recuperar su salud.
El Estado y los consumidores, así como los profesionales de la salud, tenemos todavía mucho por hacer para que el derecho a la salud no se vea obstaculizado por medicinas excesivamente caras.
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/medicinas-mercado-con-fallas_78684.html
En un mercado competitivo, la rebaja de impuestos debe trasladarse al precio final. Lo que sucede en este caso es que la competencia en el mercado de medicinas es muy limitada. La razón fundamental para ello es que la decisión de comprar uno u otro producto no corresponde principalmente a los consumidores. La principal decisión no la toma el que compra, la toma su doctor, que no es el que paga.
Además,los consumidores no podemos conocer fácilmente la calidad de una medicina; saber ello requiere pruebas de laboratorio repetidas a cientos de productos. Incluso luego de haber tomado una medicina, si no nos curamos, eso puede deberse a muchos otros factores.
Finalmente están las patentes, que establecen monopolios legales por plazos de 20 años o más, y que hacen que incluso después de ese plazo, las medicinas de marca original tengan un posicionamiento muy ventajoso en el mercado.
Las grandes fallas del mercado de medicinas justifican la intervención del Estado. La calidad de todas las medicinas debiera estar garantizada por pruebas efectuadas periódicamente y con la eficacia técnica necesaria. Como los consumidores tenemos muchas dificultades para decidir, la regulación estatal debe favorecer la competencia, por ejemplo, mediante el uso de la denominación común internacional o nombre genérico que es por ley obligatorio en toda receta médica, y que permite a los consumidores elegir entre medicinas químicamente equivalentes. Pero hay varios otros aspectos en los cuales el mercado debe estar regulado en defensa de los consumidores.
Hace un par de años, afectado por una infección a la garganta, compré tres pastillas de azitromicina por 5 soles. Menos de una semana después, la misma cadena de boticas me quiso vender el mismo químico, pero de marca, por 45 soles. Así, los consumidores poco alertas terminan pagando precios abusivos o simplemente dejando de comprar productos que necesitan para recuperar su salud.
El Estado y los consumidores, así como los profesionales de la salud, tenemos todavía mucho por hacer para que el derecho a la salud no se vea obstaculizado por medicinas excesivamente caras.
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