Óscar Ugarte pregunta si se puede vender a precio simbólico. Juan Vergara: “La prohibición es para su distribución gratuita”
¿Si la prohibición del Tribunal Constitucional es para que el Ministerio de Salud distribuya gratuitamente la píldora del día siguiente, entonces podría venderla a un precio simbólico?, fue la pregunta que se le hizo ayer al presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara.
“Podría el Estado vender, pero no creo que el Estado, que administra nuestra plata disponga esa posibilidad de atender el capricho del ministro. Ellos están obligados a no distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente [...]. La sentencia tiene que cumplirse en sus propios términos”, fue la confusa respuesta del presidente del TC.
En realidad, la duda sería despejada probablemente este viernes cuando los magistrados respondan el pedido de aclaración que ha presentado el Ministerio de Salud sobre este y otros tres puntos (ver recuadro).
Pero ayer durante la conferencia de Vergara esta no fue la única respuesta que generó algunos murmullos.
Y es que el presidente del Tribunal Constitucional, por momentos, asumió el mismo lenguaje y argumentos del cardenal Juan Luis Cipriani para sustentar la decisión tomada, pues repitió en más de una ocasión que el TC defiende la vida y se opone a la muerte.
“Nosotros estamos a favor de la vida y ante un riesgo —de ser cierta la afirmación de que es abortiva— de chocar contra la vida misma es que el Ejecutivo debiera estar con nosotros”. Agregó: “Siendo un riesgo entregar a los pobres la píldora gratuitamente, el Estado estaría promocionando la muerte”.
Al preguntarle por qué el tribunal asume una posición paternalista, es decir por qué no dejan en libertad al ciudadano para que elija, se fue por las ramas. Argumentó que para que la sentencia no sea discriminatoria —porque los pobres no podrán pagar la píldora— la solución era muy sencilla: que el Poder Ejecutivo firme una resolución que prohíba también la distribución a los “ricos”. Es decir para nadie.
Vergara incluso argumentó que algunas personas han asumido la posición de defensa de los laboratorios que producen estas drogas.
La conferencia de Vergara se produjo minutos después de que concluyera la convocada por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en la cual insistió en que la posición adoptada por el TC es contradictoria e incoherente, porque es contraria a otra resolución que el mismo TC adoptó en noviembre del 2006 cuando falló ordenando al Minsa que aplicara la política de la píldora del día siguiente.
Al respecto, Vergara señaló que no hay contradicción porque se trata de dos procesos distintos. El del 2006 fue un proceso de cumplimiento en el que no se vio el fondo sino fue un asunto de forma. En cambio en el fallo dictado este año fue en relación a un recurso de amparo en el que sí abordaron el fondo de la materia. Por cierto en la sentencia del TC del 2009 ya se hace referencia justamente a la del 2006 aclarando que solo se refiere a un tema de forma.
El ministro Ugarte aprovechó para recordarle al tribunal que en la sentencia de noviembre del 2006 el TC convocó a instituciones científicas y de otro carácter para consultarles sobre los posibles efectos abortivos de la píldora.
Mencionó que la Defensoría del Pueblo dijo que la píldora no afecta el embarazo ya iniciado y en ese sentido no es abortiva, que la OMS a través de su representante en el Perú dijo que la pastilla no es abortiva y que el Fondo de Población de las Naciones Unidas sostuvo que el acceso a la anticoncepción oral de emergencia era un asunto de DD.HH., pues los derechos reproductivos garantizan que las personas cuenten con la información y que pueden acceder a la más amplia gama de métodos anticonceptivos). Recordó que el TC también recibió en aquella oportunidad el visto bueno de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, del Colegio Médico del Perú y del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, Vergara replicó que el TC no pidió ninguna opinión sino que organismos interesados en el tema les hicieron llegar sus puntos de vista, los cuales luego fueron listados en la sentencia.
“Al Ejecutivo solo le queda cumplir la sentencia. Claro que todavía pueden llevar su posición al tribunal internacional”, comentó el magistrado.
¿Si la prohibición del Tribunal Constitucional es para que el Ministerio de Salud distribuya gratuitamente la píldora del día siguiente, entonces podría venderla a un precio simbólico?, fue la pregunta que se le hizo ayer al presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara.
“Podría el Estado vender, pero no creo que el Estado, que administra nuestra plata disponga esa posibilidad de atender el capricho del ministro. Ellos están obligados a no distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente [...]. La sentencia tiene que cumplirse en sus propios términos”, fue la confusa respuesta del presidente del TC.
En realidad, la duda sería despejada probablemente este viernes cuando los magistrados respondan el pedido de aclaración que ha presentado el Ministerio de Salud sobre este y otros tres puntos (ver recuadro).
Pero ayer durante la conferencia de Vergara esta no fue la única respuesta que generó algunos murmullos.
Y es que el presidente del Tribunal Constitucional, por momentos, asumió el mismo lenguaje y argumentos del cardenal Juan Luis Cipriani para sustentar la decisión tomada, pues repitió en más de una ocasión que el TC defiende la vida y se opone a la muerte.
“Nosotros estamos a favor de la vida y ante un riesgo —de ser cierta la afirmación de que es abortiva— de chocar contra la vida misma es que el Ejecutivo debiera estar con nosotros”. Agregó: “Siendo un riesgo entregar a los pobres la píldora gratuitamente, el Estado estaría promocionando la muerte”.
Al preguntarle por qué el tribunal asume una posición paternalista, es decir por qué no dejan en libertad al ciudadano para que elija, se fue por las ramas. Argumentó que para que la sentencia no sea discriminatoria —porque los pobres no podrán pagar la píldora— la solución era muy sencilla: que el Poder Ejecutivo firme una resolución que prohíba también la distribución a los “ricos”. Es decir para nadie.
Vergara incluso argumentó que algunas personas han asumido la posición de defensa de los laboratorios que producen estas drogas.
La conferencia de Vergara se produjo minutos después de que concluyera la convocada por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en la cual insistió en que la posición adoptada por el TC es contradictoria e incoherente, porque es contraria a otra resolución que el mismo TC adoptó en noviembre del 2006 cuando falló ordenando al Minsa que aplicara la política de la píldora del día siguiente.
Al respecto, Vergara señaló que no hay contradicción porque se trata de dos procesos distintos. El del 2006 fue un proceso de cumplimiento en el que no se vio el fondo sino fue un asunto de forma. En cambio en el fallo dictado este año fue en relación a un recurso de amparo en el que sí abordaron el fondo de la materia. Por cierto en la sentencia del TC del 2009 ya se hace referencia justamente a la del 2006 aclarando que solo se refiere a un tema de forma.
El ministro Ugarte aprovechó para recordarle al tribunal que en la sentencia de noviembre del 2006 el TC convocó a instituciones científicas y de otro carácter para consultarles sobre los posibles efectos abortivos de la píldora.
Mencionó que la Defensoría del Pueblo dijo que la píldora no afecta el embarazo ya iniciado y en ese sentido no es abortiva, que la OMS a través de su representante en el Perú dijo que la pastilla no es abortiva y que el Fondo de Población de las Naciones Unidas sostuvo que el acceso a la anticoncepción oral de emergencia era un asunto de DD.HH., pues los derechos reproductivos garantizan que las personas cuenten con la información y que pueden acceder a la más amplia gama de métodos anticonceptivos). Recordó que el TC también recibió en aquella oportunidad el visto bueno de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, del Colegio Médico del Perú y del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, Vergara replicó que el TC no pidió ninguna opinión sino que organismos interesados en el tema les hicieron llegar sus puntos de vista, los cuales luego fueron listados en la sentencia.
“Al Ejecutivo solo le queda cumplir la sentencia. Claro que todavía pueden llevar su posición al tribunal internacional”, comentó el magistrado.
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